El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado, por cuestiones formales, la modificación 18.2 del Plan General, la cual eliminaba la posibilidad de cambiar el uso de los centros educativos a residencial. Dicha anulación, según detalla la propia sentencia, se debe a que el Ayuntamiento no había comenzado los trabajos de revisión del Plan General en la fecha de los hechos sometidos a examen. En este sentido, se cataloga como “artificial, sin ninguna trascendencia” un acuerdo adoptado el 29 de marzo de 2007, por el que se declara el inicio de los trabajos de revisión del Plan General.

Sin embargo, la sentencia da la razón al Ayuntamiento en los argumentos de fondo, sosteniendo que la modificación no incurre en arbitrariedad y que las normas pueden modificarse o suprimirse, como es en este caso. De esta manera, y aunque el equipo de Gobierno califica la sentencia como “contratiempo”, es fundamental precisar que, a fecha de hoy, no concurriría ya el único argumento que da pie a la sentencia, ya que la revisión del PGOU está lanzada, al estar sus trabajos ya en fase de contratación. Además, la asunción de la tesis municipal en relación con los argumentos de fondo supone una garantía del camino marcado por el actual equipo de gobierno para eliminar eventuales tentativas de recalificar centros educativos, como la acontecida en el colegio “Hijas de la Cruz”.

De esta manera, el Ayuntamiento de Santurtzi procederá a presentar recurso de casación a la sentencia referida y a practicar una modificación del PGOU con idéntico contenido a la anulada, ahora que ya se ha iniciado e impulsado el proceso para revisar dicho Plan.

En resumen, y en palabras del propio alcalde, Ricardo Ituarte, “estamos ante una sentencia que, siendo desfavorable y un contratiempo, no tiene efecto práctico, ya que se va a poner en marcha en breve una nueva modificación del PGOU que, con la resolución judicial actual en la mano, tiene todos los visos de cerrar definitivamente la cuestión”. Asimismo, ha destacado que “en el caso de Hijas de la Cruz, habría que añadir la garantía que supone la sentencia de hace dos años, por la que se declara nula la compraventa del citado colegio”.