EAJ-PNV ha tenido acceso a varios informes del interventor municipal emitidos desde el pasado verano que reflejan, con absoluta claridad, como el Alcalde ha adjudicado por decreto contratos por un importe total de 239.295,3 € sin ajustarse al procedimiento legal de la Ley de Contratos. Los mencionados informes se fijan en contratos tan diversos como: un mapa interactivo, el servicio de préstamos de bicicletas, el periódico municipal o el gas para los edificios municipales.

La actual legislación establece una serie de garantías para evitar las decisiones arbitrarias de los gobernantes de turno y lo que coloquialmente conocemos como “contratos a dedo”. Para ello se establece la obligación de acudir a concursos públicos y a un procedimiento estricto para que las Administraciones contraten los servicios que ofrecen a los ciudadanos y que se pagan con el dinero recaudado de sus impuestos.

Para cuestiones urgentes e imposibles de prever (por ejemplo situaciones de catástrofe) la propia normativa establece un procedimiento de excepción y para los contratos de pequeña cuantía (fijada en la ley según el tipo de servicios contratados) la normativa establece un procedimiento más sencillo del habitual (el “procedimiento negociado”), en el que se invita a 3 empresas a presentar una oferta y se adjudica a quien la Administración considere que realiza la propuesta más beneficiosa para el interés público.

CONTRATO DE “CORTA-PEGA”

En el informe relativo a la contratación de un “Mapa Interactivo de Barakaldo” (7.260 €), el interventor municipal alerta de que el mismo se contrata en base a un informe municipal que es “corta-pega” de un escrito previo remitido por la empresa que finalmente resultó adjudicataria. Es decir, como explica el técnico municipal, “la autoría de la memoria sobre la que se apoya todo el expediente de contratación es de la propia adjudicataria”.

El técnico municipal explica también “como ha advertido en otras ocasiones” que el expediente de contratación “debería haber sido informado necesariamente por el Servicio de Organización y Sistemas y no, como ha sido el caso, por personal carente de cualquier conocimiento técnico sobre la materia, algo que hubiera garantizado la valoración de la existencia de una correcta y equilibrada relación entre la prestación contratada y su precio”.

Otra de los reparos del interventor municipal es que, pese a tratarse de un contrato de un trabajo a realizar en el plazo de 4 meses, se entregó y pagó tan solo 8 días después de su contratación.

BICICLETAS “TODOTERRENO”

El servicio de préstamo de bicicletas municipal (14.689 €) cuenta también con reparos del interventor municipal. Según este técnico se produce un fraccionamiento del objeto del contrato, dividiendo dicho importe en varias facturas, todas relacionadas con las bicicletas e inferiores a 6.000 €. De esta forma el Alcalde evita el concurso público al que estaba obligado en función de la cuantía del servicio a contratar, aplicando indebidamente la adjudicación directa prevista sólo para contratos menores de escasa cuantía.

Además, no se cumple el requisito de concurrencia (llamar al menos a 3 empresas) pues 2 de las 3 empresas invitadas por el Ayuntamiento a ofrecer el servicio no tenían relación con la actividad a contratar, es decir, no se dedicaban al alquiler o venta de bicicletas: una de ellas se es la que presta servicio de bailables y la otra se dedica a temas de sonido e iluminación.

PERIODICO CON ANUNCIOS ¿GRATIS?

El fraccionamiento de contratos para evitar el procedimiento de concurso público se está convirtiendo al parecer de nuevo en habitual en el Área de Alcaldía. Es el caso del proceder con el periódico municipal (7.346,15 € / número editado).

En este caso la triquiñuela utilizada desde Alcaldía es tan burda que, como dice el propio interventor “se contrata un número del periódico. Resulta una contradicción en los términos (y en un muy evidente ejemplo de fraccionamiento del objeto del contrato) entender como prestación autónoma susceptible de contratación la elaboración de un solo ejemplar de una publicación que de define como periódico (Dicho de otro modo: Que se publica con determinados intervalos de tiempo)”.

En esta contratación el interventor advierte de que las dos empresas que se reparten este número del periódico municipal “comparten la distribución de los ejemplares del periódico, lo que resulta contradictorio”.

Por otro lado, el técnico advierte de que el periódico municipal contiene publicidad de terceros anunciantes “sin que consten para el Ayuntamiento ingresos derivados de la misma”.

GAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Incluso la contratación de gas para los edificios municipales presenta irregularidades en su procedimiento de contratación. El interventor informa que se realizó en julio de 2011 un contrato “de un año sin posibilidad de prórroga”, y se han hecho ya 4 prórrogas y 2 modificados del contrato que suponen “una auténtica adjudicación directa del contrato”. El despropósito es tal que el último modificado realizado por el equipo de gobierno se produce en julio del 2013 y, como explica el interventor lo “modificado se pretende que afecte a un periodo de tiempo que se extendía entre mayo y junio de ese mismo año”. El informe continua resaltando “la incidencia que esas prácticas contrarias a derecho presentan sobre los importes” ya que supone “un aumento del importe original en un 237’26% (IVA excluido), todo ello, como se avanzaba, mediante adjudicación directa”.

Resulta decepcionante comprobar cómo el Alcalde ha iniciado su mandato repitiendo las mismas prácticas que hicieron tristemente famoso a su predecesor.

Desde EAJ-PNV queremos mostrar nuestra preocupación por el contenido de los informes que alertan de las contrataciones efectuadas por Decretos de Alcaldía, sin ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público. Por ello, hemos solicitado la convocatoria de las respectivas comisiones informativas para pedir explicaciones y tratar de poner fin a esta forma de actuar tristemente conocida en nuestro Ayuntamiento.